8 de agosto de 2022

Un reducido grupo de infractores de tránsito pudo sumarse al Compromiso de Devolución Social

La Municipalidad de Venado Tuerto informó a través del Tribunal de Faltas que sólo un reducido porcentaje de infractores se incorporó al programa denominado Compromiso de Devolución Social, que otorgaba la posibilidad de recuperar el vehículo secuestrado en plena pandemia y suscribir un convenio de pago a partir de diciembre pasado.

La ordenanza 5233/20, sancionada en julio del año pasado a instancias de un proyecto de Liliana Rostom, está destinada a los propietarios de vehículos y motos retenidos y/o secuestrados por violación al decreto nacional que ordenó el aislamiento social preventivo y obligatorio, como así también al artículo 205 del Código Penal que estipula como delito la propagación de una epidemia.

A través de una respuesta girada al Concejo a instancias de un pedido de la propia Rostom, el Tribunal de Faltas precisó: “De la totalidad de los vehículos secuestrados, solamente al 7 por ciento se les formó causa penal; y de ellos el 12,5 por ciento se acogió al beneficio de convenio de pago.

En tanto, en lo que respecta a motocicletas, sólo el 2 por ciento de las secuestradas terminó con la formación de una causa penal, de las cuales se acogieron al beneficio de convenio de pago el 32 por ciento de los infractores imputados.

De todos modos, ese número podría incrementarse dado que “existen en el depósito municipal 483 motovehículos pasibles de ser juzgados mediante la aplicación de la ordenanza 5233/20 en caso de corresponder”.

Si bien la normativa prevé que la deuda puede saldarse con trabajo comunitario, desde el Tribunal de Faltas aclararon que “la alternativa elegida ha sido la del convenio de pago, dado que la pena comunitaria requiere la presencialidad de los infractores en un lugar determinado”, algo que va en desacuerdo con los protocolos sanitarios.

Los alcances

El reporte firmado por la jueza de Faltas, Janina Ferreyra, explica que la ordenanza fue sancionada el 15 de julio de 2020, cuatro meses después del inicio de la declaración de emergencia sanitaria. Allí se limita su aplicación a vehículos y motovehículos retenidos y/o secuestrados por violación al DNU que ordenó el aislamiento social, preventivo y obligatorio y el artículo 205 del Código Penal.

La aclaración es pertinente porque del total de los vehículos y motos secuestrados desde julio de 2020 al 31 de julio del corriente, fue muy bajo el porcentaje de los que terminaron con la formación de una causa penal. “Asimismo es menester tener en consideración que de ese porcentaje el Tribunal de Faltas únicamente intervino en aquellas actas en las cuales además de existir una violación al Código Penal con la consecuente intervención del MPA, se constató alguna infracción de tránsito pasible de ser sancionada por este juzgado”, aclararon.

No fueron contemplados a los fines de acogerse a los beneficios de la ordenanza aquellos vecinos infraccionados por incumplimiento a ordenanzas municipales en general, como horarios de cierre de comercios, medidas de seguridad, protocolos Covid, entre otros, a las cuales también se les formó causa penal en el MPA.

fuente: venado24.com.ar